Entre el 14 y el 24 de marzo, de la presente gestión, los informes de dos calificadoras internacionales pusieron en apronte al Gobierno, que debió salir al cruce para bajar el ‘tono’ de los documentos elaborados por las agencias Fitch Ratings y Moody’s Investors Service (Moody’s).

En este contexto, desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) indicaron que el criterio de las agencias calificadoras de riesgo tiene un efecto más significativo e inmediato en el ámbito internacional. Aunque precisaron que si bien las calificadoras emiten solo opiniones sobre lo que consideran riesgos crediticios asociados a las obligaciones financieras de entidades públicas o privadas, esos criterios tienen relevancia y, en muchos casos, inciden en la confiabilidad.

Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, sostuvo que en el ámbito de las empresas, los indicadores de las calificadoras pueden afectar inicialmente el valor de las compañías que cotizan en Bolsa ya que, en momentos de crisis, los inversionistas buscan participar en empresas consideradas más seguras. Pero también pueden afectar el costo de financiamiento, el acceso al crédito, y la confianza para tomar decisiones de inversión directa.

“En el caso de Bolivia, la disminución en la calificación se debe a aspectos puntuales y, aunque creo que no hemos llegado a una situación grave, los riesgos y las señales de debilitamiento son preocupantes”, sostuvo Ortuño.

El empresario precisó que para llegar a sus resultados las calificadoras suelen tomar en cuenta información oficial del país evaluado y de la región, además la comparan con sus indicadores históricos y realizan proyecciones estadísticas que son validadas, por lo que sus opiniones generalmente son confiables.

Ortuño hizo notar que la caída de las Reservas Internacionales es un problema mayor que tiene consecuencias en la economía: “entonces allí debemos concentrarnos en lo inmediato, pero también se deben tomar medidas estructurales y a largo plazo que, entre otras cosas, dinamicen la producción y las exportaciones y liberen las barreras y las cargas que pesan sobre el sector privado. Pero ante todo debemos priorizar el diálogo para la búsqueda de consensos”, remarcó.

El 14 de marzo, Fitch Ratings bajó la calificación de Bolivia de B a ‘B-‘ y alertó que el uso de recursos externos aumenta la incertidumbre. La respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no se hizo esperar al indicar que la calificadora no considera el contexto externo, tampoco toma en cuenta la estabilidad económica, pese a la pandemia por Covid-19 y la incertidumbre a escala internacional.

Apenas pasaron diez días cuando el 24 de marzo, la agencia Moody’s rebajó la calificación del país como emisor de largo plazo en moneda local y extranjera a tiempo de observar su deuda como no garantizada otorgándole un ‘Caa1’, luego de que estuviera en ‘B2’.

La calificadora internacional -en su informe- precisó que la administración de Luis Arce se caracteriza por una “muy débil gobernanza” situación que contribuyó a una merma de la disponibilidad de divisas (dólares) a tiempo de cuestionar el tipo de cambio fijo frente a la moneda estadounidense.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, reaccionó e indicó que el informe de Moody’s no contempla la estabilidad en el tipo de cambio, en los precios, y en las otras variables del sistema financiero boliviano que hace de este uno de los más estables.

Por qué la rebaja de calificación

Germán Molina, analista económico, indicó que en la narrativa sobre el desenvolvimiento económico del país en el periodo 2006-2023 se destacan dos períodos fiscales. El primero, de 2006 a 2013, contó con ingresos elevados debido a un contexto externo favorable por los altos precios internacionales de los productos que exporta el país.

En el segundo periodo finalizó la bonanza económica, pero como se siguieron manteniendo los mismos niveles de gasto público comenzó el déficit fiscal que es financiado con crédito externo e interno, analizó Molina.

“Por lo mencionado anteriormente, los informes de las agencias ajustan a la baja la calificación de riesgo del país, porque conocen el nivel, tendencia y estructura de las variables económicas, que en 2023 tiene impacto directo en el PGE”, dijo Molina.

El economista, Jaime Dunn, puntualizó que ante la actual coyuntura es necesario que el Gobierno tome decisiones fuertes y no paliativos como el bono remesas, el tipo de cambio de Bs 6,95 a los exportadores o la venta directa de dólares, que son “señales de debilidad, más que de certidumbre”.

“La percepción de la gente es que hay un riesgo en la estabilidad macroeconómica y ve que el Gobierno no tiene la posibilidad de defender el actual tipo de cambio. El informe de Moody’s recomienda acciones rápidas y significativas para revertir la iliquidez de dólares”, sostuvo Dunn.

Además, recordó que Fitch Ratings considera que para poner otra vez en equilibrio el tipo de cambio es importante que haya gobernabilidad, pero ven: “un Gobierno débil. En la Asamblea no tiene la posibilidad de tomar decisiones de fondo. No pueden aprobar la ley del oro, ni los créditos internacionales. Es un Gobierno débil con una rápida baja de la parte líquida que son las divisas, lo que ha llevado a la baja de calificación”, subrayó Dunn.

José Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), señaló que el informe que brindan las calificadoras toma en cuenta toda la información relevante, “por lo que es falso lo que dicen los ministros de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas de que faltaría información”.

Espinoza precisó que las agencias hacen énfasis en el entorno económico y no de algunas variables como sí lo hace el Gobierno que destaca las que están bien e ignora las que están mal.

“No hay ninguna variable económica que sea inmune a las observaciones de las calificadoras. Las calificadoras no modifican el entorno, pero sí pueden cambiar las expectativas de los usuarios de esa información. Es el entorno económico, social y político el que afecta a todos los fundamentos en los que se apoya el crecimiento de Bolivia”, remarcó.

Espinoza detalló que son tres los puntos determinantes que hicieron bajar la calificación del país. La primera es que el presidente, Luis Arce, no proyecta una gobernanza creíble, pues no se logran acuerdos políticos que den certidumbre a la ciudadanía.

El segundo aspecto es la falta de transparencia en la información, ya que el Ejecutivo no genera espacios de confianza, pero piden a la población que confíe en las autoridades gubernamentales y finalmente es el incremento del gasto fiscal y la alta demanda de divisas, por parte del Gobierno, la que provocó una ‘baja nota’ de las calificadoras internacionales de riesgo.

El Gobierno -ante las observaciones- saco a relucir la reducción de la pobreza, la generación de puestos de trabajo y el bajo porcentaje de la inflación, en contrapartida la confianza de los agentes económicos está en duda.