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Los productores agropecuarios de Santa Cruz pidieron que se levanten las restricciones a las exportaciones de alimentos, para que puedan llegar más divisas al mercado nacional, y una aprobación ágil del uso de nueva biotecnología, para disminuir la dependencia de alimentos transgénicos que se importan.
“Queremos que no existan restricciones para nuestras exportaciones y así lleguen más divisas que hoy tanto necesita el país. Si tenemos buenas ventas, podremos pagarle a las casas que nos dan maquinaria, repuestos e insumos y así seguiremos trabajando”, afirmó hoy sábado el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, durante la clausura de la Exposoya 2023.
“También necesitamos de biotecnología, mediante un proceso abreviado, porque no es posible que cada vez más dependamos de productos transgénicos que vienen de afuera, para el consumo interno, y a nosotros no nos dejan producir”, agregó.
En esa línea, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, consideró que el incentivo a las exportaciones pasa también por “avanzar en la implementación de Puerto Busch, para salir con soberanía por la hidrovía Paraguay-Paraná hacia los puertos de destino de nuestra oferta exportable y para acceder a mercados con mayor demanda”.
Aseveró, además, que la actual situación en las fronteras con Perú y Chile plantea el desafío de “buscar otras vías de exportación”.
“Necesitamos mejorar la infraestructura y logística de exportación para no depender exclusivamente de esos países”, aseveró.
Con respecto a la biotecnología, Flores aseguró que la aprobación de otros eventos transgénicos es necesaria para hacer frente a la sequía y plagas. “Si bien estamos avanzando con el evento en soya HB4 tolerante a la sequía, el proceso de evaluación aún no ha iniciado y necesitamos avanzar de la forma más ágil posible, para que esta tecnología esté disponible para los productores”, dijo.
Durante las campañas de verano e invierno de 2022, los productores cosecharon 4,5 millones de toneladas de soya, maíz, girasol y sorgo, que se destinaron al abastecimiento interno y a la exportación. La venta externa de los excedentes se soya y de sus derivados con valor agregado (aceite y harina, principalmente), representó para el país $us 2.200 millones en divisas.
“Hoy somos el sector productivo con el mayor potencial de crecimiento sostenible de recursos renovables”, remarcó el presidente de Anapo.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó este sábado que el Gobierno gestionó un paso alternativo por Tacna para que los transportistas bolivianos varados en la frontera peruana puedan transitar y llevar mercadería.
“Tenemos una resolución para que haya un paso alternativo por Tacna. Este es un trabajo importante que se ha realizado en favor de nuestros hermanos transportistas”, manifestó el ministro, en rueda de prensa.
La autoridad recordó que, desde enero, se realizaron cinco acciones para ayudar a los transportistas bloqueados por los conflictos en el vecino país. Eso incluye la coordinación con Defensa Civil y el Ministerio de Salud y Deportes.
“Estaremos de la mano con nuestros hermanos transportistas porque sabemos que sacan el esfuerzo para que nuestras exportaciones de todos nuestros productos originarios y las importaciones puedan llegar a buen puerto, para que el movimiento económico siga fluyendo”, agregó Montaño.
Desde diciembre de la gestión pasada se registran bloqueos y conflictos en Perú. Esto a raíz de que grupos exigen la realización de elecciones en el menor tiempo posible, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado fallido y fue reemplazado por Dina Boluarte.
¿Qué se hicieron los dólares? Es una de las principales preguntas que hacen los agentes económicos en el país y no es para menos. Bolivia pasó de tener una gran cantidad de Reservas Internacionales Netas (RIN) a tener apuros en la provisión de dólares para el mercado interno. Una parte del stock de divisas se usó, según el propio Gobierno, para financiar el subsidio de los combustibles, y otra para pagar el servicio de la deuda externa.
Entre 2013 hasta 2021, el país —según datos del Banco Central de Bolivia (BCB)— el Estado usó $us 5.228 millones de las RIN para el pago del servicio de la deuda externa. A esto hay que sumar, otros $us 448,4 millones que el Estado desembolsó a los organismos internacionales y países con los que tiene deuda.
Según el ente emisor, hasta el 31 de octubre de 2022, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us13.112 millones, equivalentes al 29,9% del Producto Interno Bruto (PIB), menor con relación al observado al cierre de la gestión 2020 (33% del PIB) y 2021 (31,2% del PIB).
Incremento del pago
De acuerdo a los informes sobre la Administración de las Reservas Internacionales del BCB, revisados por EL DEBER, en 2013 el país destinó $us 278 millones por concepto del pago del servicio de la deuda externa.
Al año siguiente, 2014, cuando las RIN llegaron a su pico más alto ($us 15.122 millones), se usaron $us 362,3 millones para pagar este compromiso. Este dato es importante para dimensionar la caída del stock de divisas en el país.
A partir de ese año las reservas fueron mermando, porque una parte de los dólares almacenados por el Estado se usaron para pagar el servicio de la deuda con organismos internacionales.
En 2015, se usaron otros $us 434,5 millones. Y la cifra siguió incrementándose. Para 2016, el BCB pagó $us 470,4 millones. Hasta 2018, el pago se elevó a los $us 680,3 millones.
En el Gobierno de transición la tendencia fue la misma. En 2020 durante parte de la gestión de Jeanine Áñez y en el comienzo de la administración del actual presidente, Luis Arce Catacora se desembolsaron $us 815,5 millones.
Ya en el primer año de Arce en el poder — el que fue denominado el año de la reconstrucción económica— el país usó $us 829,1 millones. De acuerdo al BCB, hasta el primer semestre de 2022, se pagaron otros $us 448,4 millones.
Para esta nota se solicitó al Banco Central información sobre los últimos pagos realizados de la deuda y cuánto de los recursos de las RIN se usarían para asumir estos compromisos. Desde la entidad indicaron que esta información se encontraba en su sitio web. EL DEBER revisó el portal de la entidad estatal, pero no halló reportes actualizados por los egresos de las RIN.
El más reciente fue del primer semestre de 2022, en donde se reporta que se usaron $us 448,4 de las RIN para pagar ese servicio.
La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores, estos pueden ser países o instituciones como los organismos internacionales entre los que figuran la CAF, el FMI, o el BID.
Deuda controlada
Para esta nota también se envió un cuestionario al Ministerio de Economía y Finanzas, donde se consultó a la cartera de Estado su versión sobre esta situación y se consultó sobre el destino de los recursos entregados por los organismos internacionales.
No obstante, hasta el cierre de edición este ministerio no atendió las consultas de EL DEBER.
Pero anteriormente —y específicamente el de 8 enero de este año— el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que realiza “un manejo adecuado” de la deuda externa que llega hasta un 29% del PIB.
Incluso la autoridad, que fue entrevistada por el medio estatal: Bolivia TV, recordó que, en 1987, el país registraba el 99,1% de la deuda con respecto al tamaño de la economía, pero ese porcentaje bajó en 2006 al 28,2%; sin embargo, volvió a subir al 33% en 2020, durante la administración del gobierno de Jeanine Áñez.
“(La deuda pública externa) ha reducido en el gobierno del presidente Luis Arce al 29,9%, ¿eso qué significa?, que hay un manejo adecuado del endeudamiento externo”, dijo el ministro.
Aclaró que de acuerdo con los reportes mensuales de deuda pública externa del BCB en 2021, alrededor del 70% de la deuda es con organismos multilaterales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América latina (CAF), principalmente.
Además, sostuvo que todos los recursos son usados para la inversión pública hecha por el Estado. “¿Por qué es importante mencionarlo?, porque estos organismos no realizan préstamos si estos no se destinan a la inversión, situación que se cumple en Bolivia”, remarcó la autoridad.
Enfatizó que los préstamos son evaluados por los diferentes organismos previamente a ser desembolsados; es decir, que se realiza un estudio del desempeño macroeconómico del país solicitante.
Sugieren renegociar
El exdirector del BCB, José Gabriel Espinoza, sostuvo que el incremento de la deuda externa obedece a una política de endeudamiento que se aceleró durante el Gobierno del expresidente, Evo Morales.
Recordó que durante la gestión del exmandatario, que se extendió por 13 años, esta política fue ejecutada por el actual presidente Arce, en 2016, cuando era ministro de Economía, y uno de los hombres de confianza de Morales.
“Es ahí cuando se comienza a compensar la caída de los ingresos de los hidrocarburos con endeudamiento interno, mucho de ese endeudamiento se ha ido acumulando”, dijo.
En esa línea, detalló que el Presupuesto General del Estado (PGE) asignó $us 940 millones para pagar el servicio de deuda externa.
Bajo este contexto, Espinoza, sostuvo que estos recursos salen de las RIN, que a su vez se alimentan de las exportaciones de gas. En esa línea, detalló que estos pagos deben cumplirse en los cronogramas establecidos, caso contrario traerían problemas para el Estado.
Afirmó que el cronograma de pagos de este compromiso estatal no se ha publicado, y que existe un “desfase información muy fuerte”. “El BCB no está publicando las cifras semanales. Hay un rezago en todos los ítems y uno de ellos es el servicio general sobre el servicio de la deuda”, dijo.
Luego sostuvo que “si la disponibilidad de divisas está en una situación preocupante, lo ideal es que el Gobierno busque moratoria o reprogramaciones de deudas. Con las divisas que se tenían hasta febrero se presume que (para el Gobierno) será muy difícil pagar la deuda del 2023, pero no tenemos la información. No han salido las autoridades a explicar nada”.
En esa línea, el economista Germán Molina, coincidió que ante los niveles bajo de reservas que se han usado para pagar la deuda externa es necesario, que el Gobierno comience a renegociar los pagos, en especial con los organismos multilaterales.
Lamentó la política de endeudamiento del Gobierno, que, según él, es similar a la de los años 70, periodo en el que Bolivia contrajo compromisos que no pudo sostener y que llevaron a la hiperinflación de los 80, que después tuvieron que ser corregidas por el Gobierno de Víctor Paz Estensoro.
Molina recordó que los siguientes gobiernos lograron reducir la deuda, incluso llegando a que se condone una buena parte de ella.
Asimismo, el exdirector de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco, sostuvo que ante este escenario es necesario que el Ejecutivo se reúna con los organismos internacionales y renegocie nuevos plazos. Recordó que el año pasado el Gobierno tuvo que renegociar el pago de la deuda por la emisión de bonos soberanos hecha en 2013 y 2017, que alcanzaban los $us 2.000 millones.
“Esta fue la primera señal de alarma y ahora vemos esta situación”, señaló.
El presidente Luis Arce aseguró que la explotación e industrialización del litio será el nuevo eje para el desarrollo y crecimiento de la economía boliviana.
“El litio será para Bolivia el nuevo eje económico para el desarrollo y crecimiento económico que generará más de 42 industrias en Bolivia relacionadas con el litio, y tendrá efecto multiplicador en la economía, en otros campos y sectores”, dijo este domingo en entrevista con la cadena Telesur.
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El jefe de Estado recordó que en 2005 se diseñó el modelo económico social comunitario productivo para enfrentar al viejo modelo neoliberal.
Este modelo fue implementado a partir de 2006 y tiene como base la explotación e industrialización de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos.
“Así lo hicimos con los hidrocarburos (luego de la nacionalización en 2006), lo hacemos con el litio y será así con todos los recursos naturales”, apuntó.
Arce explicó que, para la industrialización del litio boliviano, considerado como la primera reserva mundial, se llegó a un acuerdo con una empresa china.
Esta empresa está considerada como la primera en el mundo en la producción de baterías.
Añadió que esa empresa llegará al país, hará toda la cadena productiva, desde la explotación, la industrialización y comercialización.
“Pero nosotros haremos la minería, y en la parte de industria ingresa la empresa china hasta la comercialización, pero durante toda la etapa el Estado boliviano participa de todas las ganancias y las utilidades», dijo.
«Ese es el modelo de negocio planteado y que aceptaron”, aseveró.
Debido al problema energético en el planeta y el cambio que hicieron los países más desarrollados de sus fuentes energéticas, el litio ha cobrado mayor importancia.
De acuerdo con la ABI, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó en enero un convenio con el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC).
El acuerdo es para la implementación de dos complejos industriales en los salares de Potosí y Oruro
Ello con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), para la industrialización del recurso.
En una primera etapa, la empresa china invertirá más de $us 1.000 millones en energía eléctrica donde se instalará los complejos, en caminos y servicios básicos.
Bolivia tiene 32 salares de superficies pequeñas de salar en Oruro y Potosí.
Los que tienen mayor extensión y mayores reservas de litio están en Uyuni (10.000 kilómetros cuadrados), Coipasa (2.500 km) y Empexa (al menos 400 km).
En los últimos seis años el costo de la subvención a los carburantes creció en una proporción de 7,4 veces, mientras que la importación de gasolina y diésel se disparó por 19 veces desde 2006 hasta 2022. Esta situación es una de las causas de la salida de divisas y la caída de las reservas internacionales netas (RIN).
Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en 2016 el costo de subsidio a la gasolina y el diésel era de 1.424 millones de bolivianos (204,5 millones de dólares).
El presidente de la estatal, Armin Dorgathen, informó el pasado 23 de febrero que la subvención al diésel en 2022 llegó a 1.163 millones de dólares y a la gasolina 550 millones de dólares, es decir 1.713 millones de dólares como costo total. Es decir un aumento de 740% en seis años.
Las importaciones de combustibles pasaron de un valor de 228 millones de dólares en 2006 a 4.365 millones de dólares en 2022, es decir 1.814,6% más, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Las mayores compras externas y subvención tienen que ver con la caída de la producción de gas y líquidos, mayor demanda de combustibles, el alza del precio internacional y costos logísticos, particularmente en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania.
La directora del Inesad, Beatriz Muriel, explicó que los precios fijos funcionan si es que las economías y gobiernos tienen la capacidad para mantener el subsidio, ya sea porque cuentan con ingresos fiscales altos y un tipo de cambio y reservas internacionales netas (RIN) elevadas. “Pero qué pasa cuando ya no hay ese sustento, es ahí cuando se tienen problemas económicos y por algún lado estallan”, dijo.
Para la economista, por el alto costo que esto representa para el Estado se debería pensar en alguna solución. Se pueden analizar aumentos paulatinos de la gasolina, pero es algo que también puede generar rechazo. “Por eso se debe pensar en alguna estrategia para reducir la subvención, sobre todo ahora que se tiene un problema con el déficit fiscal alto y la balanza comercial negativa”, apuntó Muriel.
Recordó que de los subsidios se benefician ricos y pobres, pero si se ajustan precios se pueden analizar paliativos para quienes son los más necesitados. El problema es que hay mucha informalidad, no hay un historial de ingresos de los más pobres.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos explicó que el descenso de las RIN tiene como principal causa la importación y subvención a los carburantes.
Añadió que en Perú, a través de la tarifa eléctrica, se visualiza a sectores que consumen menos y se les entrega gas licuado de petróleo (GLP) a precio subsidiado a través de un vale.
En otros países ocurre lo mismo y se focaliza a los más pobres, pero en Bolivia se benefician por igual todos, incluso aquel que tiene tres autos.
Alertó que los subsidios no pueden ser de largo plazo porque los Estados se quedan sin plata y por eso la otra opción es ir desregulando los precios. “Se ha dejado que el tema se vuelva crítico. En 2022 el costo ha sido muy fuerte por el alza del petróleo y del margen de refinación a nivel internacional y del margen de los comercializadores y traders. Eso le ha golpeado muy duro al país y ha encarecido las compras. Este año va a bajar el precio, pero no el volumen”, dijo.
Bolivia va a necesitar hidrocarburos por los siguientes 30 años y la pregunta, según Ríos, es si el país puede darse el lujo de seguir importando con el riesgo de que por cualquier evento el precio del crudo suba a 150 dólares. “Por eso es importante un nuevo marco jurídico para explorar y se permita nuevos descubrimientos de gas y petróleo”, apuntó.
Ríos agregó que el etanol con una mezcla de hasta 12% es parte de la solución, al igual que la importación de petróleo por ducto para las refinerías o impulsar energías alternativas.
Para el analista en temas energéticos Francesco Zaratti la solución real a largo plazo pasa por reducir la demanda de gasolina y no aumentar la oferta y avanzar en la transición energética.
“Se puede bajar la demanda de gasolina con autos eléctricos, si hubiera planificación para transformar el parque automotor con incentivos, habría menor demanda y no se necesitaría importar gasolina”, apuntó.
Se debe avanzar a un menor consumo de gasolina con planificación de largo plazo.
La otra solución estructural, según Zaratti, es importar menos y producir más hidrocarburos, pero eso requiere exploración e inversión. La mayoría de los pozos que ha perforado YPFB han sido negativos. La idea de biocombustibles no es la solución porque son más caros que el precio de los combustibles y su producción genera riesgos ambientales. Recordó que se importa el 70% del diésel y 40% de la gasolina que se consume en el país y hay problemas con el GLP.
Llevaremos la carrera de Comercio Internacional al más alto nivel