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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y CAF llevaron adelante dos seminarios en La Paz, con actores públicos y privados, para identificar los puntos que deben optimizarse para agilizar el tránsito de mercaderías.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia realizan esfuerzos conjuntos para mejorar la competitividad del país y reducir sus costos de logística y transporte en el comercio exterior. Con este objetivo, iniciaron el mapeo correspondiente para identificar los cuellos de botella locales y trabajar en las soluciones que permitan agilizar el tránsito de las mercaderías.
Se realizaron dos seminarios taller en la ciudad de La Paz, en el marco de la ejecución del proyecto “Diseño y estructuración de un prototipo de herramienta para la facilitación del comercio en América Latina y el desarrollo de iniciativas piloto”. Esta iniciativa está en marcha en los seis países que componen la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones.
El representante de CAF en Bolivia, Florentino Fernández, recordó que desde la Dirección de Integración Regional de la entidad financiera se viene analizando la forma de abordar, de manera práctica, los principales cuellos de botella, en los aspectos regulatorios, normativos, económicos, políticos, tecnológicos y de infraestructura, entre otros. Estos elementos determinan la calidad de la integración de Bolivia y de otros países al interior de la región y con el mundo.
Fernández indicó que se está estructurando una herramienta de facilitación comercial para establecer una hoja de ruta para el acompañamiento de la entidad financiera a los países, identificando proyectos concretos de alto impacto y enfocados en la implementación. Aseguró que las acciones que se realicen en este ámbito posibilitarán añadir valor a las inversiones en infraestructura destinadas a dinamizar el comercio.
El viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, resaltó la importancia del proyecto y dijo que éste representa el inicio de la colaboración de CAF con su cartera en temas de facilitación comercial. El diagnóstico permitirá priorizar las soluciones, tomando en cuenta la especial situación de enclaustramiento geográfico del país, lo que genera condiciones muy particulares para el comercio exterior.
“Es un trabajo que tomará tiempo y complace contar con el apoyo de CAF en este tema que permitirá lograr una mayor competitividad al sector en el país”, subrayó Blanco.
Los resultados del proyecto acercarán a Bolivia a los estándares internacionales, en el marco del Acuerdo de Facilitación Comercial (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Se estima que la aplicación plena del AFC podría reducir los costos del comercio en un 14,3% promedio e impulsar el comercio mundial en $us 1 billón anuales, beneficiando a los países en desarollo, tal como es el caso de Bolivia.
Hasta noviembre de 2022 la importación de combustibles en el país llegó a $us 4.071 millones. El dato corresponde al último informe de comercio exterior elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Según YPFB del total de estas compras 1.700 corresponde al subsidio de diésel y gasolina que realiza el Estado.
Según el INE las importaciones, a noviembre de 2022, presentaron un incremento de 41% alcanzando los $us 11.855 millones, cifra mayor en 3.427 millones a la registrada en igual período de 2021.
“El incremento responde a las compras externas de combustibles y lubricantes para satisfacer la demanda interna con aumento en 126,3%, asimismo, se evidencia la recuperación de la economía pues similar tendencia muestra la categoría de suministros Industriales, que se incrementa en 19,1%, seguido por Equipo de Transporte y sus Piezas y Accesorios con variación positiva de 15,8%; igual comportamiento presenta Artículos de Consumo con 6,0% y Alimentos y Bebidas con incremento de 2,5%”, señala el INE.
Subvención
Desde el año 2004 Bolivia subvenciona la compra de gasolina y diésel para su distribución en el mercado interno. Para 2022 en el Presupuesto General del Estado (PGE) se estableció un techo de $us 688,8 millones para el subsidio de estos productos.
Sin embargo, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que los recursos usados para la subvención de los carburantes llegaron a los $us 1.700 millones.
“Estamos por los 1.700 millones de dólares de subvención (…) La subvención que tenemos se da para poder mantener la estabilidad económica en el país”, explicó El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de la petrolera estatal, Enzo Michel, a Bolivia TV.
Según la estatal, entre enero y noviembre de 2022, el departamento de Santa Cruz se benefició con más $us 680 millones por la subvención de combustibles, de acuerdo con datos estimados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“El gobierno nacional, a través de su brazo operativo YPFB, beneficia a Santa Cruz con este monto por la subvención de combustibles, que está altamente concentrada en esta región del país y que favorece a diversas actividades agrícolas, industriales, comerciales y de transporte”, destacó, este viernes, Armin Dorgathen, presidente de la estatal petrolera, citado por la agencia ABI.
La subvención estimada por el consumo de diésel oíl para el departamento de Santa Cruz alcanza a $us 460,92 millones, lo que contribuye principalmente a las actividades industriales y de transporte pesado. Asimismo, la subvención de gasolinas e insumos asciende a $us 219,96 millones.
El sector industrial del país estima, a la fecha, un impacto adverso de $us 3.000 a 3.500 millones del contrabando sobre la producción nacional, monto que deducen equivalen al 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La ‘robusta’ cifra contrasta con los Bs 737,4 millones ($us 106 millones) en comisos de mercancía ilegal que, según la Aduana Nacional Bolivia (ANB), se alcanzó la gestión pasada.
En ese contexto, ayer el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, en representación del sector, propuso cuatro acciones inmediatas: reactivar el Consejo de lucha contra el contrabando, disminuir de 200.000 a 10.000 UFV el valor de los tributos omitidos, modificar la Ley municipal para que los municipios intervengan directamente en el control y que se realicen mayores acciones de interdicción, esto para reforzar lucha de entrada y venta clandestina de mercancías prohibidas.
“Esta es una lucha de todos los bolivianos. La industrialización no va a avanzar si no frenamos el contrabando. Por eso, convocamos a todos los actores a sumarse a la lucha contra este flagelo”, refirió Camacho, al anotar que solo con las cuatro medidas propuestas se podrá frenar el impacto adverso del contrabando sobre la producción nacional que, a la fecha, dijo oscila entre los $us 3.000 y 3.500 millones al año, que equivalen al 7,6% del PIB nacional o el PIB completo de Cochabamba o Chuquisaca.
El efecto no se limita al sector privado. Por tributos omitidos, de acuerdo con la CNI, se estima que el Estado deja de percibir cerca de $us 600 millones por año.
Con base en el planteamiento sectorial, Camacho considera que es urgente fortalecer las medidas que permitan reducir el mal del contrabando que no solo afecta directamente a lo ‘Hecho en Bolivia’, sino que aumenta la informalidad, expone la salud de las familias a productos alimenticios y farmacéuticos que no tienen ningún control de calidad, pone en riesgo a las más de 37.000 industrias formales que existen en el país y atenta contra los más de 600.000 empleos formales.
En mayo de 2021, el Centro Boliviano de Economía de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) estimó el impacto del contrabando en la industria de alimentos y bebidas en aproximadamente $us 400 millones – equivalentes a 1% del PIB- en sólo ocho categorías de alimentos (carne, arroz, harina de trigo, fideo, azúcar, bebidas no alcohólicas, cerveza y aceite).
En aquella oportunidad, el órgano especializado en análisis económico de la Cainco dejó entrever que el contrabando de alimentos no afecta solo un sector, sino que impacta en la economía en su conjunto y frena la reactivación.
Denotó que para impulsar la reactivación económica, social y productiva del país es necesario que el Estado establezca medidas que favorezcan la formalización empresarial, dado que son las empresas en todos los tamaños y sectores las que generan la mayor cantidad de empleos, creando estabilidad y bienestar para las familias bolivianas.
Operativos y comisos
En 2022, según la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, la entidad estatal duplicó el número de operativos de control a 15.233, superando los récords registrados en gestiones pasadas y obteniendo un comiso en mercancía ilegal tasada en más de Bs 737,4 millones. En 2021 se obtuvieron más de Bs 654,5 millones y en 2020, un valor superior a los Bs 383,4 millones.
“El personal aduanero ejecutó 15.233 operativos de control durante 2022, esta labor se desarrolló de forma exitosa en fronteras, carreteras, vías alternas, aeropuertos y puntos de inspección del país. Este número de operativos casi duplica al registrado en 2021 con 8.316 y al 2020 con 4.192 controles”, manifestó Serrudo.
Entre los tipos de mercancía más comisados, de acuerdo con la Aduana, aparece vehículos indocumentados, que equivalen a Bs 448,3 millones; alimentos, Bs 41,5 millones; teléfonos y celulares, Bs 22,2 millones; ropa usada, Bs 17,3 millones; semillas y frutos oleaginosos, Bs 16,1 millones; perfumería, Bs 15, 3 millones; y aviones y aeronaves, equivalentes a Bs 15,2 millones. “Este resultado demuestra como la Aduana apoya a la industria nacional, impidiendo que la mercancía ingrese sin cancelar los tributos (…) en esta labor hemos tenido personal que perdió la vista, los dientes o dedos porque fueron atacados por contrabandistas”, puntualizó Serrudo.
La recaudación aduanera es otro logro que resaltó de 2022. La ANB recaudó más de Bs 16.400 millones en tributos aduaneros durante la gestión pasada, superando los récords de años anteriores. También sobrepasó la meta de Bs 14.060 millones, es decir, un 16,6% más de lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Expertos advirtieron que la deuda interna y la externa llegó al 80% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el Gobierno informa que la deuda pública llegó al 46%. La diferencia, según los profesionales, radica en que el nivel central no toma en cuenta las deudas del Tesoro General de la Nación (TGN) con el Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda de las empresas estatales, del FNDR o Finpro. Ante ello, aseguran que el Estado tendrá mayores dificultades de conseguir financiamiento.
“En términos de endeudamiento, Bolivia tiene en deuda pública total 46%, está en los niveles de endeudamiento público total más bajo, hay países como Ecuador, Colombia, Israel, Uruguay, Costa Rica, Japón y Brasil que superan el 70%, por lo tanto, decir que Bolivia es una de las economías más endeudadas del mundo y que su endeudamiento es irresponsable, no es cierto”, declaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
La nota de prensa agregó un cuadro de deuda pública por países donde Bolivia está en los últimos lugares con un 46%, pero agrega que es información oficial a octubre de 2022 y “corresponde a la deuda pública consolidada y no incluye la deuda interna intrasector”.
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que la deuda interna intrasector es aquello que el BCB prestó al TGN, lo que prestó a las empresas estatales, o al sector privado con la venta de bonos y otros que no están siendo tomados en cuenta.
“La deuda externa está dentro de los rangos permitidos por la CAN, pero la deuda interna, tomando en cuenta la deuda interna del TGN del sistema público no financiero con el sector privado suma 22.701 millones de dólares. En comparación del PIB (estimado en 41.722 millones de dólares al 2022) representa un 54%. Si sumamos con la deuda externa (29% que llega a 13.111 millones de dólares a octubre según el BCB) la deuda pública estaría en un 84% y a diciembre sube a un 86%”, explicó.
El economista Jaime Dunn afirmó que “es correcto” que la deuda pública haya superado el 80% del PIB. “La deuda del TGN al BCB es de más o menos 14.000 millones de dólares, la deuda de las empresas estatales que son más de 5.500 millones de dólares, la deuda del FNDR, del Finpro, entre otras entidades, estamos hablando de una deuda interna de cerca de 22.000 millones de dólares”.
Para Dunn, al haber caído los ingresos de hidrocarburos desde 2014 el Gobierno los reemplazó por deuda. “En el PGE 2023 se observa que incrementan aún más deuda porque se prevé la necesidad de más recursos, ya que los ingresos han caído pero los gastos se mantienen. Se busca emitir bonos soberanos por 2.000 millones; algo poco probable, ya que la tasa para Bolivia sería del 10% al 12%. Eso significa que el Gobierno recurrirá nuevamente a la deuda interna para financiar sus gastos”.
Ante ello, expertos sostienen que el Gobierno tiene problemas para poder conseguir créditos en el exterior, por lo que recurre cada vez más al financiamiento interno para continuar con su trabajo. El exdirector del BCB Gabriel Espinoza indicó que si bien los créditos externos fueron una fuente muy importante de recursos para el Gobierno desde 2016, en los últimos años éstos han sido reemplazados por el endeudamiento interno.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, indicó que a 22 días de iniciado el paro y bloqueo en la frontera con Perú, las pérdidas económicas ascienden a al menos $us 160 millones hasta la fecha. Sin embargo, admitió que también se ha producido un alivio para el sector, debido a la desaparición de productos peruanos de contrabando en los mercados de La Paz.
“Nos preocupa la pérdida de mercados, no es fácil conseguir un mercado para exportar nuestros productos y hoy estamos enfrentando, somos testigos, desafortunadamente y perjudicados los empresarios al no poder transitar libremente y exportar nuestros productos”, sostuvo.
El ejecutivo de la CNI explicó que su sector atraviesa por una serie de dificultades porque muchas empresas deben recibir insumos o maquinaria que ya tendría que haber llegado de importación, pero debido a los bloqueos hay perjuicios.
“Debemos esperar a que la paz y la tranquilidad vuelvan a Perú y podamos recuperar el libre comercio, el tránsito de nuestros camiones; hay un recurso humano también, una afectación al sector de transporte”, lamentó.
Sin embargo, a pesar de lo sombrío del panorama, Camacho indicó que el bloqueo ha permitido que la industria nacional tenga un respiro, al haberse reducido casi a cero el contrabando de productos peruanos.
“Hay una ironía acá, este paro ha beneficiado a nuestro sector en cierta medida, ya que el contrabando se ha detenido, los productos peruanos de contrabando han dejado de llegar a los mercados de La Paz, y eso ha permitido que en diciembre podamos vender más”, explicó.
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