Santa Cruz acapara hasta el 35% de las exportaciones nacionales

Más de 190 bloqueos en todo el país, paros, problemas sociales, económicos, climatológicos y restricciones a las exportaciones. Sin embargo, la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) calificó el 2022 como un año en que se batieron las cifras de exportación, con más de $us 12.000 millones en exportaciones generales de Bolivia, y más de 4.700 millones de dólares en exportaciones desde Santa Cruz, que equivalen a un 35%.

Este logro se alcanzó con el aporte de las exportaciones no tradicionales, principalmente del sector agroindustrial, “empezando desde el liderazgo que siempre ha tenido el sector oleaginoso, y el sector azucarero ha tenido un comportamiento muy interesante en 2021 y 2022”, informó Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex.

Asimismo, avizoró 2023 como un año para abrir oportunidades en medio de la incertidumbre, pero siempre y cuando los sectores privados se sienten y definan una agenda crítica para Bolivia, tomando las palabras de los voceros del Gobierno, “que dijeron que se espera un 2023 empresarialmente más cercano con el nivel central”.

Para Barriga, el sector cárnico podría ser un gran proveedor de divisas para el país; también el de las nueces (castaña), el joyero, y el forestal. Sin embargo, reconoció las dificultades en temas de avasallamiento e inseguridad de tierras, etc., tema pendiente entre el Gobierno nacional y el sector privado.

Desde los exportadores, Barriga dijo que también deben ponerse sobre la mesa varios puntos, como las restricciones a las exportaciones, los cupos, acceso a la biotecnología, los bloqueos en el país, el contrabando y la logística.

“Bajo esas condiciones podríamos tener un año en el que se incrementen las exportaciones. La urea podría crecer hasta en 72% sus exportaciones, el sector joyero en 57%, el oleaginoso en 42%, y eso nos da una perspectiva muy interesante”, dijo.

Según el ejecutivo de la Cadex, todos estos logros son especialmente atribuibles al músculo del empresariado privado, más que a las facilidades otorgadas desde el nivel central.

Reconoció que desde la Cadex tuvieron una relación más difícil de lo normal con el sector público, que si bien toma en cuenta las propuestas, no trata aún los temas estructurales, que dependen más de una agenda política que técnica.

Falta crecer

Para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Bolivia no creció lo suficiente en 2022, y es necesario redoblar esfuerzos para hacerlo en 2023.

El presidente del IBCE, Demetrio Soruco, dijo que entre otras razones está “la terrible incapacidad de los bolivianos para resolver los problemas a través del diálogo, y que ha impactado sobre la economía, que no alcanzó el 5,1% de crecimiento proyectado”.

Pese a las adversidades, Soruco destacó las proyecciones que hizo el IBCE, de récords de exportación e importación, que se confirman para este año que culmina.

Aunque el comercio exterior registró un segundo superávit consecutivo por la alta dinámica de las exportaciones, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) siguieron cayendo, algo que para el IBCE es muy preocupante en lo que respecta a la futura estabilidad económica del país.

PUNTO DE VISTA

“El Gobierno nacional no ayuda”

Darío Monasterio – Economista

Todos los mercados que se han abierto, sobre todo los no tradicionales, generan más empleos y un mayor valor agregado a la producción y a la exportación y han sido abiertos desde el sector privado, desde las cámaras empresariales de exportadores.

Se hace cuesta arriba poder exportar en este país, justamente con el Gobierno que no da los incentivos necesarios para la producción y tampoco para los derechos de propiedad.

Además, está la incertidumbre en cuanto a los derechos y garantías legales, y lo vemos hoy en el tema político, que refleja e impacta fuertemente en la economía.

De todas maneras, hay que seguir, perseverar, a pesar de todas las trabas que pone el Gobierno, de la priorización de la política, incluso de la política interna del propio MAS, que afecta fuertemente a la producción de Santa Cruz, porque quieren demostrar quién está más en contra del departamento. Hay que seguir abriendo mercados en momentos de mucha incertidumbre.

Hay que perseverar, a pesar de la priorización de la política, incluso de la política interna del propio MAS”.

Argentina, Brasil y CAF invierten en el ducto que desplazará el gas boliviano

Cuando esta nota salga a la luz, 56.700 tubos de acero estarán avanzando sobre una extensión de 583 kilómetros de suelo argentino. Y cuando se ponga punto final a lo descrito en el reportaje más de 10.000 personas seguirán trabajando en este tendido que conectará los centros de producción de Vaca Muerta, un megayacimiento de gas, con la provincia de Buenos Aires.

Y mientras ellos paso a paso dan vida al gasoducto Néstor Kirchner, comienza la cuenta regresiva para que Bolivia deje de ser proveedor de gas para Argentina. Y, de hecho, desde el país vecino dan cuenta de que, si el gigante ducto se termina en 2023, ya para el 2024 el gas boliviano será sustituido por producción nacional.

Pensar en esta situación antes era insospechado, las condiciones no hacían pensar en el desarrollo de Vaca Muerta de forma acelerada y que desde el Estado Argentino se decidiera construir un ducto que transportará el gas de ese yacimiento ubicado en la provincia Neuquén, hasta Buenos Aires.

Hoy la situación es diferente tanto Argentina y Brasil se han puesto como objetivo reducir su dependencia al gas boliviano. De hecho, según reporte de la agencia Télam, el gobierno argentino acordó con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) el financiamiento por $us 689 millones para la construcción del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.
Para esta segunda fase también se tiene otros $us 540 millones a través de la CAF.

En la primera etapa, según el Gobierno argentino, “se financió con el aporte solidario extraordinario que aprobara el Congreso en 2020, y que tiene que servir para entender que hay obras que son estratégicas y que deben ser políticas de Estado”.

Desde 2015, según especialistas consultados por EL DEBER, Argentina se vio en la necesidad de acelerar el desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, ante el incumplimiento en los volúmenes que debía entregar la estatal boliviana YPFB.

Vaca Muerta es una formación geológica que se extiende por 30.000 kilómetros cuadrados, en la provincia argentina de Neuquén, alcanzando también Mendoza y Río Negro. Alberga el segundo reservorio mundial de gas no convencional y el cuarto de petróleo. A pesar de que su descubrimiento se remonta al siglo XX solo fue en 2011 cuando se confirmó su potencial.

Raúl Velásquez, analista de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, señaló que desde ese año Yacimientos presentó tres programas exploratorios sin tener éxito, mientras que los principales mercados se preocuparon por explorar y desarrollar sus propios proyectos gasíferos.

“Ya en 2018 tuvimos que pagar multas tanto a Argentina y Brasil por incumplimiento en los volúmenes y posteriormente renegociar adendas. Y esto ha cambiado la condición que tenía el país hasta hace 15 años porque se lo veía como un centro energético para la región. Lamentablemente eso está cada vez más lejos”, dijo.

Avance pese a trabas

Fernando Meiter, socio director comercial de GAS Energy Latin América en Argentina, sostuvo que con la conclusión del gasoducto el vecino país tendrá la posibilidad, en una primera etapa de evacuar desde los centros de producción de Vaca Muertos hasta 22 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d).

“Una vez terminada la primera fase del gasoducto Néstor Kirchner y hecha la reversión del Transportadora de Gas del Norte (TGN) ahí vamos a tener 22 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) más para poder evacuar, que hoy no podemos, y eso alimentaría el NEA (Nordeste Argentino) y ahí se podría prescindir del contrato con Bolivia”, señaló.

Sostuvo que con esta cantidad de gas “no hace sentido tener un proveedor como Bolivia. Pero estamos hablando del año 2024 o 2025, todavía hay que terminar el caño (el ducto)”, acotó.

El especialista, destacó que Vaca Muerta ha logrado varios récords de producción pese a una serie de dificultades que el mismo Estado argentino impuso ante la crisis económica.
Por ejemplo, según el especialista, en Argentina “hay un impedimento de retirar dinero en moneda extranjera para pagar utilidades al exterior”.

Esto evitó que las casas matrices de las empresas operadoras que están en Vaca Muerta inyecten capital por lo que las petroleras tuvieron que incrementar su producción con los recursos que tenían a disposición. “Todos los avances que se hicieron en la industria de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta, fueron hechos con incremento de productividad y sin ningún dólar de afuera en los últimos tres años”, dijo.

El especialista destacó que entre las principales dificultades que sorteó Vaca Muerta está el cepo cambiario implementado “que no deja que salgan ni entren divisas”.

“El segundo problema es la dificultad que tienes para traer equipos de fractura nuevos porque debes pagar en dólares. La tercera razón es que vos no puedes hacer contratos a largo plazo en la República de Argentina”, señaló Meiter.

A estas dificultades se suma el hecho de que no existe una regulación para la exportación de gas de Argentina a Chile, y los conflictos sindicales; las peleas territoriales entre nativos asentados cerca de este proyecto como los Mapuches.

Enfocarse en Brasil

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos sostuvo que en este escenario adverso Bolivia debe dedicarse por completo al mercado de Brasil con el escaso gas que le queda.
Agregó que en 2025 los ductos de Bolivia van a tener una capacidad de 10 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) “que se podría ofrecer a los argentinos para que lleven gas competitivo al mercado de Brasil, que es un gran mercado potencial. Es decir, a cobrar tarifas de transporte”.

“Contra el desarrollo de Vaca Muerta no podemos hacer nada. Es un desarrollo propio legítimo de bajo costo. Nosotros tenemos el mercado de Brasil, está todo el gasoducto de Cuiabá que podemos desarrollar”, dijo.

Para la exautoridad, se puede hacer gran desarrollo en la zona de San Pablo cerca del gasoducto Bolivia – Brasil, “pero eso es teniendo gas, y eso lo tenemos escaso”.

“En vez de perforar dos pozos exploratorios al año deberíamos perforar 20. Entonces vamos a tener mayores posibilidades de encontrar gas y mandarlo al mercado de Brasil. Pero también tenemos petróleo porque yo no puedo concebir a Bolivia importando todos los hidrocarburos”, sostuvo Ríos.

El especialista dijo que en 2014 Bolivia tenía una producción 62 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) pero esta cifra cayó a 39 MMm3/d.

Velásquez agrega que Argentina en el corto plazo necesitará el gas boliviano. En menores volúmenes serán entre 6 y 8 MMm3/d.
“Pero cuando el país firmó la primera adenda con Argentina en 2010 se preveía que este año (2023) estaríamos vendiéndole 23 MMm3/d. Entonces, ante esta caída Argentina buscó otros proveedores de gas natural y tuvo que desarrollar su propio gas y eso tiene repercusiones en Bolivia, porque hemos perdido divisas por exportaciones”, señaló el analista.

YPFB destaca precios

Para este reporte se enviaron preguntas a la estatal YPFB, pero hasta el cierre de edición las interrogantes no fueron contestadas.
Pero en días anteriores, la empresa estatal informó que acordó con Energía Argentina enviar de 4 a 8 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural al mercado argentino como parte de la séptima adenda del contrato de compraventa vigente entre ambos países.

Esto es un 42% menos que en 2022 cuando llegaron a los 14 MMm3/d en invierno, pero la compañía destacó que los precios rondarán entre los $us 8,96 y 20 el millar de BTU. “Eso es lo que ya tenemos calculado en invierno (de mayo a septiembre) se tiene la misma fórmula del año pasado”, precisó Yacimientos.

Crisis en Perú deja pérdidas de Bs 50.000 al día en el transporte boliviano de pasajeros

La Cámara de Empresas de Transporte Internacional de Pasajeros se ve nuevamente afectada con la reanudación del conflicto social en Perú. Los bloqueos en frontera del país vecino evitan la salida de buses desde Bolivia y ocasionan una pérdida de unos Bs 50.000 por día.

La presidenta de esta institución, Beatriz Patón, informó que desde el país operan tres empresas con destino a las regiones turísticas de Arequipa y Cuzco, pero la situación actual en ese país interrumpió otra vez el servicio.

“Por día se pierde unos Bs 16.000 por empresa”, informó la ejecutiva a La Razón.

Empresas afectadas

Dijo que las empresas perjudicadas son Transportes Litoral, Nuevo Continente y Salvador, que son los que viajan a Perú. Cada uno de ellos transporta 33 pasajeros y realiza hasta dos viajes por día.

Lamentó que no se pueda mediar el conflicto, ni por cuenta de los transportistas ni por las autoridades nacionales, como la Cancillería, toda vez que son problemas internos de Perú.

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Por tanto, recomendó a sus afiliados y al resto de los transportistas bolivianos evitar las salidas con destino a Perú.

Destitución de Castillo

El 7 de diciembre del año pasado se iniciaron los conflictos sociales en Perú tras la destitución y encarcelamiento del presidente de ese país, Pedro Castillo, y la sucesión de Dina Boluarte.

No obstante, el 22 de ese mes hubo una tregua para evitar una afectación a la economía en las fiestas de fin de año. Esa tregua culminó el 4 de enero y se reinstalaron los puntos de bloqueos en la zona fronteriza de Desaguadero por donde circula el comercio exterior boliviano.

El jueves se reportó que al menos 300 camiones de carga boliviana se vieron afectados por las protestas y bloqueos en Desaguadero.

El miércoles, las protestas en Perú contra Boluarte se reactivaron con bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones, que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.

El 2023 será un año aún más complejo para la economía boliviana

Apesar que Marcelo Montenegro, ministro de Economía, auguró que “en 2023 Bolivia continuará en la senda del crecimiento con estabilidad de precios en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y elevadas tasas de inflación”, algunos economistas consideran que el próximo año será aún más complejo que 2022.

A decir del economista Marcelo Núñez, la salud de la economía boliviana aparentemente está bien, no obstante, en el corto y mediano plazo puede haber problemas. Para el experto, el dinamismo de economía nacional se nota con mayor fuerza en el consumo. “El sector construcción, agropecuario, financiero y comercio, si bien no están a niveles de crecimiento anteriores, demuestran dinamismo”, dijo.

La parte negativa, según Núñez, es la reducción de las RIN. “Si bien la balanza comercial es favorable, esto es producto del alto grado de contrabando que se produce por la salida de divisas sin ser contabilizadas”, expresó. Para el 2023, señaló el economista, los principales desafíos son reducir la importación de carburantes e identificar la caída de las RIN.

En tanto, Christian Aramayo, presidente de la Fundación Gobierno Abierto, señaló tres factores que apuntalaron la economía nacional este año: La eficiencia adaptativa de la población y los agentes económicos ante la pandemia, conflictos políticos y el volátil contexto internacional; la inversión privada de impacto, pese a trabas burocráticas locales y nacionales en materia de registro de propiedad privada, entre otras; y el retorno paulatino a la normalidad y el fin aparente de la pandemia.

Pero, así como así cómo hubo factores positivos, también se registraron factores negativos: La estrepitosa caída de las RIN junto a los cupos políticos de exportación; los datos de la pobreza extrema en Bolivia (de 2019 a 2021, en promedio, ocho de cada 100 bolivianos cayeron en pobreza extrema en tres departamentos) y los altos precios de hidrocarburos, que ya no son buenas noticias.

“La situación es preocupante, existen señales (caída de las RIN e imposibilidad de cubrir el gasto estatal) de que hubo un despilfarro de recursos públicos, no se aprovecharon las oportunidades que nos brindaba el contexto exterior y, de paso, se cuenta con una dependencia a prácticas (cupos políticos de exportación, violación de propiedad privada, politización de la justicia y persecución tributaria) que solo empeoran la situación para que Bolivia salga de este panorama tan sombrío”, sostuvo Aramayo.

Según el especialista, el 2023 la economía nacional deberá afrontar conflictos políticos, caída en las RIN, posibles presiones inflacionarias que generarían distorsión en los precios, incremento en la pobreza extrema y crisis fiscal (en todos los niveles del Estado).

Para Walter Morales, exdirector del BCB, este año básicamente se registró una lenta reactivación económica principalmente en los sectores más golpeados por la pandemia: gastronomía, hotelería y turismo. Por otro lado, las exportaciones de productos no tradicionales tuvieron una gran performance, alcanzando cifras históricas, tanto en volumen como en precios, hecho que contribuyó de alguna manera a contener la caída de las RIN.

“Lo negativo sigue siendo la inestabilidad que genera la incapacidad de la gran mayoría de actores políticos. Se sigue insistiendo en un modelo que, sin capacidad de generación propia de ingresos y resultados contundentes, se basa en el déficit financiado con deuda”, señaló el analista.
Morales considera que falta pragmatismo, y menos ideología y política partidaria. A esto se suma un déficit fiscal sin visos de solución y el acceso cada vez más oneroso al financiamiento internacional, que se constituye en un lastre para las ya magras finanzas públicas. “La cada vez más pesada subvención a los hidrocarburos, cuyo presupuesto para 2023 subió un 59% (a Bs7.642 millones) en comparación a lo proyectado en este año: Bs 4.794 millones, tampoco ayuda”, dijo.

Otra mala señal para el próximo año es que, revisando el PGE 2023, se incrementó el gasto corriente en salarios un 4% y el presupuesto para inversión que se redujo en $us 1.009 millones.

En 2023, según el experto, se deben aplicar políticas para atraer inversión extranjera (no solo al sector de hidrocarburos) y a la economía en su conjunto, para atraer divisas y fortalecer al RIN.

Tensión por la Hidrovía: Paraguay reclamó al Gobierno Argentino la suspensión del peaje

Un conflicto diplomático, que estaba latente de antemano, explotó este fin de semana entre Argentina y Paraguay, luego de que el gobierno de Mario Abdo Benitez reclamara al de Alberto Fernández que suspenda el cobro del peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay, que comenzó a regir este domingo 1 de enero.

Argumentaron que ello viola Tratados, y que pueden tomar “otras acciones” sin precisar cuáles, pero se deduce que serían de índole jurídicas. Sin embargo, altas fuentes oficiales y empresariales argentinas no sólo defendieron el cobro del peaje sino que explicaron las razones por las que todo barco de cualquier bandera debe pagar la navegación por este curso de agua, central para el comercio incluso mundial, debido a que es una la salida de los granos al Atlántico que es compartido entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Para Bolivia y Paraguay, es su única vía de acceso al mar. Para Argentina, son 1635 kilómetros de navegación vital para el sector agroexportador. 

Sin embargo, en Paraguay el choque copó la tapa de los diarios y tanto funcionarios como empresarios se quejaron con fuerza. Incluso, el planteo lo hizo formalmente y por escrito ante Santiago Cafiero el canciller vecino Julio Arriola.

Ambos coincidieron en Brasilia con sus respectivos presidentes en el marco de la asunción de Luis Inacio Lula da Silva. “Vamos a defender nuestros derechos referentes a la libre navegabilidad”, dijo Arriola luego de la reunión que fue informada en Asunción pero no por Buenos Aires. “Para nosotros la navegabilidad de nuestros ríos de 365 días del año es fundamental habida cuenta que el 80% de nuestras exportaciones sale por esa vía y el 70% de nuestras importaciones también lo hacen”, insistió Arriola.

El comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores del viernes pasado hizo alusión a la tarifa de 1,47 dólares por tonelada de transporte internacional y de cabotaje que por resolución del Ministerio de Transporte de Argentina (la 1023/ 2022) se cobra desde este principio de año para el tramo Puerto de Santa Fe (Kilómetro 590 de la Hidrovía) -Confluencia (Kilómetro 1240) de la Hidrovía.

Arriola convocó a distintos sectores de su país para una reunión este último lunes de dónde sólo salieron más reclamos, incluso de las cámaras de transportistas. Este miércoles el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM), Esteban Dos Santos, dijo que el comercio exterior de ese país tendría un impacto de unos 40 millones de dólares anuales por la aplicación del peaje en el tramo argentino y que ello afectaría al 85% de la flota paraguaya destinada al cabotaje internacional.

Con todo, expertos consultados por este diario no dieron la razón a Paraguay. Por el contrario, explicaron que ese peaje se utilizará para el mantenimiento de ese importante corredor fluvial. Obras que sólo con el dragado cuestan millones de dólares al año y que hasta ahora venía subsidiando el Estado argentino y que ahora van a pagar todos los barcos que navegan la Hidrovía.

“Los tránsitos de las cargas por la Hidrovía Paraguay-Paraná están regulados por el Acuerdo de Transporte signado por los países miembro, que dice, entre muchos otros asuntos, que el cobro de peajes en sus diferentes tramos soberanos es prerrogativa de cada país y está sujeto a la prestación efectiva de un servicio que facilite y garantice la navegación”, señaló el economista especialista en transporte, puertos y vías navegables, Antonio Sanchez-Diaz. “La República del Paraguay ha declarado de interés público el proyecto de dragado y señalización del río Paraguay con cobro de peaje en su tramo soberano entre el rio Apa y el Pilcomayo. Tal como la Argentina lo hace en sus tramos soberanos del río Paraná, de los que se benefician las cargas del comercio exterior de Brasil, Bolivia y Paraguay que los transitan”, agregó Sánchez Días, que también es director de la consultora Talasonomica SA.

Entre tanto, fuentes oficiales dijeron a Clarín que hoy, a diferencia de lo que venía ocurriendo hace una década, si un buque navega de un puerto argentino a otro puerto argentino se paga en pesos, y si navega por aguas que no son de jurisdicción argentina pagará en dólares. Pero no importa la bandera del barco por lo que aquí considera que “no es un caso de discriminación hacia Paraguay” ya que se paga por zona. “El reclamo que hacen los vecinos no es sólido”, insisten.

A mediados de 2021 y por decreto presidencial el Gobierno le otorgó a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior. Se puso fin así a dos décadas y media de control privado. 

Sin embargo, el gobierno viene prorrogando cuestiones relacionadas con el dragado. Para el caso, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, informó sobre el fin de año que la llamada AGP recibía la gestión de la vía navegable troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el marco de las facultades que tiene el Consejo Federal Hidrovía que integran varias provincias.

Giuliano informó que se definió que la Administración General de Puertos “reciba la gestión de la vía navegable troncal” y que la misma tendrá a su cargo -a través de licitaciones- la realización “no solo los trabajos de dragado y balizamiento, sino también las áreas de expansión de las vías navegables troncal”. Es decir, el dragado lo siguen haciendo los privados pero el peaje lo cobra el Estado nacional.