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El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que los datos de exportación e importación de hidrocarburos hasta el mes de agosto son alentadores porque Bolivia ratifica su perfil comercial como “exportador nato de hidrocarburos”, con un superávit de $us 142,62 millones.
“Generar un saldo positivo en el balance comercial con el mundo en este campo implica que el sector no solo aporta divisas por la vía de la exportación, sino que, más que financia las importaciones del rubro”, destacó Rodríguez, citado en un reporte institucional.
La balanza comercial asociada a hidrocarburos, de enero hasta agosto de este año, registró un superávit de $us 142,62 millones, de acuerdo a un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Las cifras de la balanza comercial registran un monto de $us 2.483,70 millones por las exportaciones de gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y urea (fertilizante derivado del gas), mientras que la importación de combustibles (diésel y gasolina) registró un valor de $us 2.341,08 millones.
“Que las ventas al exterior de gas natural, GLP y urea de origen boliviano superen el gasto que hacemos para la importación de diésel y gasolina -imprescindibles para el transporte público, privado, de carga y a nivel productivo como en la minería, construcción, agricultura, etc.- es una buena noticia, porque al lograr una balanza comercial positiva, no presiona sobre las Reservas Internacionales Netas del BCB (Banco Central de Bolivia), sino que más bien, aporta con esos 142,62 millones de dólares a su potenciamiento”, destacó la autoridad del IBCE.
De acuerdo a lo proyectado por la estatal petrolera, el superávit comercial se acrecentará hasta finalizar este 2022.
La guerra entre Rusia y Ucrania generó una alta volatilidad en los precios del petróleo y, sobre todo, del gas natural a nivel mundial, generando un alza de los precios del WTI y el Brent de aproximadamente un 50% en el primer semestre del año.
En este sentido, la gestión 2022 ha sido un período atípico en el comportamiento del comercio exterior asociado a los hidrocarburos y Bolivia no es la excepción a este comportamiento extraño.
Las industrias bolivianas dejarán de recibir gas para generar su propia electricidad. El Gobierno les dio un año para que se conecten al Sistema Interconectado Nacional y destinar el gas a la exportación.
Una medida que —según los industriales—, atenta contra la producción nacional y el bolsillo de la población.
El aviso se dio a través del Decreto 4749 que permite el uso de gas para que las empresas transformen las materias primas en productos elaborados, pero ya no para generar su propia electricidad.
La norma establece, además, que “los volúmenes de gas natural que dejen de consumir los usuarios de la categoría industrial, en el marco del presente Decreto Supremo, serán destinados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el mercado que genere mejores ingresos al Estado”. Como se recordará, la petrolera ha renegociado los precios del gas con sus compradores de Argentina y Brasil ante el ascenso del precio del Gas Natural Licuado (LNG).
La industria boliviana tiene precios subsidiados para el gas que van desde los $us 1,86 a 2,51 por millar de pie cúbico (de acuerdo al volumen). La diferencia es evidente al revisar que los precios promedio de exportación están entre los $us 4,94 y 10,5 por millar de pie cúbico (fuente YPFB).
Para la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) el Decreto 4749 “transgrede” la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos, que garantizan el abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno.
“Los bolivianos tienen prioridad en el uso y consumo del gas respecto a los extranjeros (…). Nos parece un despropósito quitarle el gas natural a la industria boliviana para dárselo a los argentinos y brasileños”, afirmó el gerente de Desarrollo de la institución, Luis Fernando Strauss.
El Decreto 4749 indica que sus disposiciones se aprobaron “en el marco del principio de eficiencia y con la finalidad de garantizar, a corto, mediano y largo plazo, la seguridad energética, satisfaciendo adecuadamente la demanda nacional de hidrocarburos”.
“A partir de la publicación del presente decreto, los usuarios de redes de gas que utilizan complementariamente el gas en la generación eléctrica para consumo propio, que tengan acceso al SIN, deben adecuarse a lo establecido en un plazo no mayor a un año”, cita el documento.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, expresó la preocupación del sector por la aprobación de medidas que van en desmedro de las industrias del país, como el Decreto 4749 y la Ley 1462, que crea un nuevo rango de alícuotas del Impuesto al Consumo Específico para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se comercializan en el mercado nacional.
La Cainco calculó que el costo de la energÍa que vende la Empresa nacional de Electricidad (ENDE) en el SIN es un 60% mayor al que tienen en este momento las industrias.
Fuentes del sector que pidieron mantener su nombre en reserva estiman que el precio por kilovatio hora aumentará para estas industrias de $us 50 a 80.
Impactos
El incremento de los costos de la electricidad, sostuvo Strauss, derivará en una elevación de precios de los productos para el consumidor final y, por ende, en una mayor preferencia de la población por productos de contrabando, más baratos, pero inseguros.
“Un centavo va a ser que la gente direccione sus ojos hacia el contrabando”, aseveró el presidente de la CNI, quien cuestionó que el Decreto Supremo 4749 vaya en contra de la intención del presidente Luis Arce de reactivar la producción nacional.
Strauss consideró que el hecho de que el Gobierno prefiera exportar el gas antes que destinarlo a la energía de la industria nacional se debe al fracaso de la actual política hidrocarburífera.
“Por un lado, cada vez hay menos reservas de gas y continúan los compromisos internacionales; por el otro, el Estado no tiene dinero, está con un déficit fiscal cada vez más grande y está buscando recaudar más. El Gobierno ya no dará el gas barato a la industria y exportará ese mismo gas a Argentina y a Brasil, cuatro o cinco veces más caro, lo que representa un ingreso adicional para las arcas del Estado”, indicó Strauss.
El Senado sancionó ayer cinco leyes que viabilizan cinco contratos petroleros de exploración y explotación con dos empresas internacionales. El Gobierno espera que la ejecución de estos proyectos genere una renta petrolera de 1.700 millones de dólares por año.
“Hoy, por unanimidad, se han aprobado cinco leyes nacionales que viabilizan cinco contratos petroleros. Estos contratos en áreas tradicionales son inversiones que están destinadas a exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos que nos van a permitir una renta petrolera cercana a los 1.700 millones de dólares que permitirán la reactivación de la industria y la creación de nuevas fuentes laborales”, señaló el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.
Molina indicó que las empresas Canacol Energy Colombia SAS y Vintage Petroleum desarrollarán las labores exploratorias en las áreas Ovaí, Sayurenda, Yuarenda y Carandaití con una inversión de unos 580 millones de dólares.
El área de Ovai, ubicada en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, tiene recursos recuperables de alrededor de 63,4 billones de pies cúbicos (TCF). Generaría una renta petrolera de 190,9 millones de dólares.
Florida está situada en la provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, tiene un potencial de 53,2 BCF y 0,22 millones de barriles de petróleo (MMBbl). Generaría una renta petrolera de 165,9 millones de dólares. El área Carandaití, que comprende Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija cuenta con cinco estructuras estudiadas, las cuales suman un potencial exploratorio de 332 BCF de gas y 4,5 MMBbl de petróleo. En caso de éxito representan una renta petrolera de alrededor de 567 millones de dólares.
El área Sayurenda cuenta con cuatro estructuras estudiadas, las cuales suman un potencial exploratorio de 173 BCF de gas y 3 MMBbl de petróleo. En el caso de éxito exploratorio se espera generar mínimamente una renta petrolera de 130,7 millones de dólares. Yuarenda tiene un potencial exploratorio de 170 BCF y 4 MMBbl, en el caso de éxito exploratorio se espera generar mínimamente una renta petrolera estatal total de alrededor de $us 649,2 millones. Ambas áreas se encuentran en la provincia Gran Chaco, Tarija.
El Ministerio de Hidrocarburos precisó que con esos contratos se prevé la producción de unos tres millones de metros cúbicos diarios de gas natural y unos 5.600 barriles por día de líquidos.
El ministro también se refirió a la “declinación” de la producción de gas natural y derivados del petróleo, que se advierte desde 2015, por lo que consideró que para el Gobierno es importante la “reactivación” de esta área de la economía.
Según el Ministerio de Economía, los ingresos por la exportación de hidrocarburos en el primer semestre de esta gestión llegaron a 1.588 millones de dólares.
Lo anterior contrasta con los ingresos de 6.113 millones de dólares que el país recibió en 2013 y que fue la cifra histórica según el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Un informe de certificación en 2018 determinó que Bolivia contaba con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural, que se calculó tengan una duración de 14,7 años.
Los exportadores del país reportan pérdidas de más de 15 millones de dólares por los bloqueos en la carretera a Oruro protagonizados por mineros de Colquiri y que ayer cumplieron tres días, señaló el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín.
“Es un bloqueo que está afectando una de nuestras principales rutas de salida de exportación. Por esa ruta se traslada producción y exportaciones que vienen de Cochabamba y Santa Cruz con destino a puertos del pacífico, Arica, Desaguadero; diariamente por esa ruta se mueve alrededor de cinco millones de dólares, son alrededor de 15 millones de dólares en afectación”, explicó Olguín.
El gerente de la Caneb señaló que al bloqueo se suman los perjuicios por los altos fletes de la logística del comercio internacional, además de la dificultad para conseguir contenedores y transporte en los puertos.
Detalló que de continuarse con los bloqueos, se corre el riesgo alto de la pérdida de buques, el sometimiento a penalidades y finalmente y en casos extremos la pérdida de contratos que afectarían gravemente a las empresas exportadoras del país.
El jueves, los mineros de Colquiri rompieron el diálogo con el Gobierno y ratificaron su pedido de la abrogación total del DS 4783, puesto que el mismo afectaría de gran manera a la estabilidad financiera de las empresas públicas y mermaría la reinversión y tecnificación que necesitan las mismas para su sostenibilidad.
Por su parte el Gobierno señaló, a través de ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que no es posible abrogar dicha norma, sin siquiera antes haberse sentado con los sectores, para que los mismos puedan entender los pormenores de dicha norma que, señala, las utilidades serán transferidas al TGN, previa evaluación y no de manera directa.
Van nueve meses del año y el desempeño de la economía permite identificar los desafíos internos y externos que enfrentará Bolivia en 2023 y lo que resta de 2022.
Economistas y empresarios consideran que los retos tienen que ver con la debilidad del sector hidrocarburífero, con sus consiguientes efectos en el presupuesto estatal y la seguridad energética; el crecimiento de la deuda pública, que ejerce presión sobre la capacidad de pago del país; el persistente déficit fiscal; una menor cantidad de divisas en las reservas internacionales netas; un mayor endeudamiento público; la mayor precarización del empleo; el contrabando y los rigores del cambio climático.
A este escenario se suman los riesgos de rebrotes del covid-19, las tensiones internacionales en el mercado de los commodities provocadas por la guerra entre Ucrania y Rusia, que puede ralentizar los ingresos por la exportación de materias primas, y la amenaza de una estanflación global.
El economista Róger Banegas identificó también la reducción de hasta en 25% en los ingresos de las familias por causa de la pandemia. “En 2023 vamos a continuar con problemas tanto en la parte micro como macroeconómica (…). El hueco que está en el sector público es insostenible”, acotó.
Beatriz Muriel, a su vez, se centró en la generación de fuentes de trabajo. “La tasa de desocupación es baja, pero esto no refleja la falta de buenos empleos, ya que la mayoría son precarios”, remarcó.
Perspectivas
“Me preocupa, adicionalmente, que no hay un plan claro del Gobierno para abordar estos puntos, me preocupa que la postura ideológica del oficialismo no permita explorar soluciones prácticas”, manifestó López.
Por ejemplo, debido a la menor producción nacional de hidrocarburos y la consiguiente subida en los precios de los commodities, el país puede apuntalar las exportaciones no tradicionales. “Sin embargo, que yo sepa, no se ha propuesto nada sobre el tema”, acotó.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) identificó a su vez a “la política” como el mayor desafío para 2023.
“Más allá de los problemas puntuales, es evidente que hay una situación de crisis mundial que nos está afectando y puede agravarse si no se toman medidas integrales para enfrentarla, desde nuestras propias acciones y capacidades, y no desde la inercia y el albur de los precios internacionales”, dijo.
“Lo más importante es que cualquier situación debe enfrentarse entre todos, incluyendo especialmente a los sectores productivos y a los que sufren directamente los efectos de los problemas económicos”, indicó.
“Mucho dependerá de la voluntad que tenga el poder político de abrir la economía boliviana a la inversión privada nacional y extranjera, especialmente en los sectores de exportación, y si los hacedores de formular políticas puedan comprometerse de manera creíble con las reformas necesarias en la política económica y el modelo de crecimiento”, sostuvo a su vez la Fundación Milenio.
“Si el Gobierno mantiene su actitud autosuficiente y excluyente respecto a la economía, y persiste en la idea de que la crisis la va a resolver el Estado, sin la participación de los sectores productivos, las posibilidades de poder enfrentar los problemas con eficiencia, serán menores”, alertó la CEPB.
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