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El desempeño de la industria nacional es uno de los eslabones más importantes en la cadena productiva del país. Según datos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), de los $us 7.012 millones correspondientes a las exportaciones durante el primer semestre de 2022, el 51% fue generado por la industria nacional.
Otro aporte del sector que destacó Pablo Camacho, presidente de la CNI, es el 16% de las recaudaciones tributarias, que hasta junio de esta gestión fueron Bs 30.941 millones.
En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) que se calcula será en 2022 de unos $us 43.000, la industria destinará un 16% de sus recursos para engrosar el PIB nominal.
Con motivo de la celebración de 197 aniversario de la independencia de Bolivia, Camacho destacó el apoyo de la industria boliviana al proceso de recuperación de la economía nacional y puntualizó la urgencia de avanzar en el diálogo y la generación de alianzas público-privadas para aplicar acciones que permitan acelerar la reactivación del sector productivo.
“Estas cifras reflejan el esfuerzo diario de los industriales bolivianos por reactivar la economía, generar empleo y avanzar hacia la formalidad. Necesitamos con urgencia avanzar en el diálogo que permita establecer ese importante vínculo con el sector público para lograr más integración y más productividad”, dijo Camacho.
En el contexto de la construcción de alianzas, una de estas medidas es la instauración del Día sin IVA, que a criterio de Camacho existen muchas experiencias positivas en otros países del mundo acerca del beneficio de aplicar este mecanismo de incentivo y que en el caso de que llegue a aplicarse en el país, será fundamental que se concentre en el sector productivo nacional para focalizar el impacto.
Impacto industrial
Camacho remarcó que un resultado destacable es que a junio de 2022, las exportaciones industriales aumentaron en un 43% llegando a $us 3.545 millones, el mayor valor de los últimos 30 años.
Con este resultado, la balanza comercial del sector industrial presentó un superávit de $us 1.514 millones, un 87% más que la cifra de junio de 2021.
Al primer trimestre, el registro de empresas industriales llegó a 37.465 industrias, lo que refleja un crecimiento de 3,7% respecto de similar período de 2021.
El titular de la CNI indicó que este dinamismo se refleja en la obtención de financiamiento, pues el crédito bancario al sector industrial aumentó en un 5,9% hasta el primer semestre del año, totalizando Bs 36.127 millones.
Con esta cifra, los créditos a la industria representan el 19,8% del total de la cartera, porcentaje que se mantiene estable en los últimos cinco años.
Los gobiernos de Bolivia y México concretaron este jueves una alianza entre sus empresas estatales de litio, para trabajar de manera coordinada y gestionar un bloque entre países americanos para la explotación de este mineral. Ambos países prevén producir carros eléctricos en 2023.
Los acuerdos de ambos países se dieron en una reunión entre los cancilleres Rogelio Mayta, de Bolivia y Marcelo Ebrard, quienes ofrecieron una conferencia de prensa luego de concluir su encuentro en la ciudad de La Paz.
Ebrard informó que su país recogerá la experiencia boliviana en la constitución de una empresa de litio, para que el Estado mexicano no cometa errores. Adelantó que el presidente de su país, Manuel López Obrador, declaró ese elemento como un “recurso nacional”.
El representante diplomático de México también anunció que para 2023 se tiene previsto que Bolivia presente el diseño de un vehículo eléctrico, el mismo que será producido por empresas mexicanas con una capacidad de 1,2 millones de unidades por año.
Bolivia participará con una empresa combinada con una inversión mexicana tendrá todo el respaldo del gobierno de México para este emprendimiento.
El propósito de ambos países, según Ebrard, es dejar de vender materia prima, para tratarla e industrializarla y, así, obtener mayores utilidades.
Mayta, por su lado, dijo que ambos países atraviesan un “excelente momento” en sus relaciones bilaterales, fruto del trabajo en diversas áreas.
El canciller de Bolivia indicó que junto a Ebrard se abordaron diferentes temáticas, luego de verificar que hubo avances en la reactivación de los mecanismos bilaterales, con encuentros binacionales en asuntos de cooperación, asuntos comerciales, consulares y otros.
También destacó las mejoras en los mecanismos de verificación y confirmación de información con fines migratorios, los mismos que dieron curso a la supresión de la visa, para que sus ciudadanos puedan visitar uno de los dos países con el requisito de pasaportes ordinarios, para visitas turísticas por 180 días.
Además, Mayta señaló que se renovó el programa de cooperación bilateral 2022 – 2023 integrada por ocho proyectos en los sectores de energía, medio ambiente, desarrollo agropecuario, salud, justicia y protección social.
«La economía este año puede llegar a 41.032 millones de dólares. Estaría equiparándose al tamaño de la economía del 2019”, manifestó Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Según un boletín del Ministerio de Economía el PIB del 2019 alcanzó los 41.193 millones de dólares, mientras que el 2020 la cifra llegó a los 36.897 millones de dólares y el 2021 alcanzó los 40.703 millones de dólares.
Tras su peor caída el 2020, la economía boliviana creció el 2021 en un 6.1% y se proyecta que este año llegue al 5%, pese a las dificultades por la guerra en Ucrania y el encarecimiento de las materias primas; sin embargo, también surgen oportunidades.
La subida del petróleo ha hecho del gas el principal producto de exportación en Bolivia y los minerales han mantenido su cotización en alza.
Las exportaciones de soya han alcanzado cifras superiores a los mil millones de dólares cada año, y es la agroindustria a la que Gary Rodríguez considera clave para el desarrollo de la economía boliviana.
“El sector exportador no tradicional genera empleos y efectos multiplicadores para otros sectores. Lo mejor que tiene Bolivia es un gran potencial por desarrollar”, dijo Rodríguez.
“La agroexportación es el futuro de Bolivia. Con la ayuda de Dios y de los gobernadores le puede cambiar la vida a los bolivianos”, afirmó.
Las importaciones de combustibles crecieron un 143% al primer semestre de 2022 comparado con similar periodo de 2021, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este escenario hace prever un mayor gasto en subvenciones, según los expertos.
Así, la compra externa de gasolina y diésel sumó $us 1.772 millones a junio del presente año, frente a los $us 729 millones del primer semestre de 2021.
Con el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de la población y evitar sobresaltos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el termómetro que mide el índice inflacionario, el Presupuesto General del Estado (PGE), programó Bs 5.088 millones para subvención de hidrocarburos, alimentos y servicios básicos. Sin embargo, debido al encarecimiento de los combustibles, solo para su importación la subvención está en Bs 6.000 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, el PGE 2022 contempla Bs 4.794 millones para la importación de gasolina y diésel, en 2021 el monto destinado fue de Bs 3.013 millones, mientras que, para subsidiar los alimentos el valor es Bs 168,1 millones (Bs 257,5 millones, en 2021) y para cubrir los servicios básicos se contempló Bs 125,6 millones cuando en el PGE 2021 fue de Bs 124,2 millones.
Jorge Dunn, analista económico, hace notar que, por la actual coyuntura política y económica lo programado por el PGE 2022 en el tema subsidios quedó desactualizado. Y precisó que cuando se elaboró para esta gestión el PGE contempló un precio del petróleo a $us 50,47 el barril y con un precio de alimentos más bajos a los valores actuales, por lo que a criterio de Dunn en lo que va del año solamente la subvención a los hidrocarburos ya va por el orden de los Bs 6.000 millones, y considera que el monto global de la subvención para fin de año será de unos Bs 7.000 millones, cifra que coincide con las estimaciones del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien dijo que se estima en $us 1.000 millones la subvención a la gasolina y el diésel en la presente gestión.
Sobre el tema, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, precisó que de acuerdo con los datos de junio es probable que las importaciones de combustibles superen los $us 3.000 millones este año, un aspecto que presionará hacia arriba la subvención.
Ríos sostuvo que los grandes volúmenes de importación indican una caída de la producción nacional de condensados y petróleo, por lo cual las refinerías cada vez producen menos diésel y gasolina.
También remarcó que la mayor compra de combustibles a precios más caros perfila que las importaciones a fin de año van a oscilar entre los $us 3.200 millones y los $us 3.500 millones, haciendo una fuerte presión a los recursos que el Estado destina para subvencionar los combustibles líquidos.
En cuanto al objetivo de la subvención del precio de los hidrocarburos, Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), aseguró que su vigencia se puede explicar por un interés más bien político y electoral, a partir de mostrar que el objetivo fundamental es preservar los ingresos y el poder adquisitivo de la población.
Arze explicó que el Gobierno tiene una concepción, de la subvención, ambigua y cambiante en el tiempo, pues en 2006 consideraba que era un “parche” del fracaso de los gobiernos neoliberales de los 90 y que, ante la imposibilidad de desarrollar una política energética que garantizara la provisión de combustibles para las actividades económicas, solo podía regular e incorporar esa medida en su política.
En 2010 intentó levantar los subsidios, experiencia fallida, denominada ‘gasolinazo’ por la población, era justificada como necesaria porque se había distorsionado el carácter y la naturaleza del subsidio, además de que el país ya había avanzado hacia una transformación de la estructura productiva y no era pertinente mantener esta medida neoliberal, remarcó Arze.
“En 2012, el Gobierno presentó la subvención como una medida antiinflacionaria. Ante el fracaso de la medida del 2010, retomó y creó un nuevo incentivo a partir de la ley presupuestaria, que se pagaría a través de Notas de Crédito Fiscal en un monto adicional de 30 dólares por barril, a la producción de los campos petroleros”, precisó el investigador.
El impacto en la población
Sósimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental en Santa Cruz (COD), subrayó que la política social y económica de la subvención de los hidrocarburos, algunos alimentos y del servicio básico (uso de electricidad), tiene el objetivo de proteger a la población y mantener su poder adquisitivo.
Paniagua insistió en que el Gobierno debe pensar en la mayoría, que es responsable por el bienestar de la ciudadanía, más allá de las demandas sectoriales y que ante lo hechos recientes, como los problemas económicos en Argentina, a su criterio la subvención fue acertada.
“Los problemas de inflación, el constante incremento de los precios que afecta el bolsillo de los trabajadores en Argentina, indican que la presencia del Estado es necesaria para controlar el precio de los productos estratégicos y así evitar estos desequilibrios. Por lo que nosotros destacamos esta política de los subsidios y del precio justo para algunos alimentos”, puntualizó Paniagua.
En criterio de Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, observa que, desde el punto de vista económico, otorgar un subsidio -comprar caro y vender barato, como la subvención a los combustibles o ciertos alimentos, por el Estado- implica una transferencia en favor de terceros, a costa de que alguien cargue con el costo de tal política. ¿Con qué intención? Claramente, impedir una subida de precios que reste poder de compra y afecte a las personas de bajos ingresos. Por supuesto que comprar combustibles o alimentos a bajos precios beneficia a los consumidores, muy especialmente a quienes tienen ingresos fijos y bajos, indicó Rodríguez.
Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, considera que la política de subvención logra su objetivo de control de los precios y evita la devaluación de la moneda nacional, eso permite a la población tener certidumbre para poder planificar sus gastos, inversiones y ahorros.
Sin embargo, Mercado hace notar que este sistema solo es viable si el Estado cuenta con ingresos importantes que permitan fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), si no se corre con el riesgo de acudir al crédito externo y endeudar al país.
Para el economista Germán Molina, en el desenvolvimiento de la economía, el Gobierno actúa como agente económico influyente mediante: impuestos, gasto público, deuda pública y regulación. Los dos primeros tienen una gran interrelación ya que se requieren ingresos para realizar gastos por parte del Gobierno, y la fuente de financiamiento son los impuestos.
Dentro de los componentes del gasto fiscal se asigna una subvención que se define a cualquier asistencia o incentivo gubernamental, en efectivo o especie, hacia sectores privados -productores o consumidores-, respecto de la cual el Ejecutivo no recibe a cambio compensación equivalente, precisó Molina.
El economista detalló que en el país se tiene asignado presupuestariamente para los siguientes productos que tienen subvención: diésel, gasolina, gas natural, GLP, electricidad, arroz, harina y maíz. En alimentos abarcan desde el acopio hasta la venta.
Esta política pública de subvención logra que los derivados como la carne de pollo, cerdo, leche y huevo mantengan precios estables.
“La subvención significa que la población puede acceder a los productos con precios regulados y fijos, además permite que la tasa de inflación registre niveles bajos y por lo tanto que se suavice el incremento del costo de vida”, reflexionó el analista económico.
El Gobierno de Bolivia apuesta por consolidar Puerto Busch, la primera terminal marítima soberana sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, con el objetivo de dinamizar las exportaciones por el océano Atlántico. La meta es dejar de depender de los puertos chilenos, que están saturados, según la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).
«Para Bolivia tener un puerto soberano, que a la fecha no se lo tiene, es fundamental en el tema de desarrollo de la carga boliviana, toda vez que Bolivia, por su ubicación estratégica tiene un potencial para el manejo de la carga boliviana y también de otras cargas como las de Brasil, que necesita conectarse con el Océano Pacífico», explicó el gerente de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, en entrevista con la Agencia Sputnik.
Puerto Busch está ubicado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz (este), en la zona fronteriza con Brasil, desde donde ya se exportan derivados de soya y hierro a mercados de Europa, mediante la hidrovía Paraguay-Paraná.
La importancia de Puerto Busch es estratégica para Bolivia debido a que en esa región se ubica el proyecto de la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) que producirá 200.000 toneladas de acero en 2023. La construcción de la factoría tiene un avance del 58 por ciento y está sobre un yacimiento de hierro de 40.000 millones de toneladas.
Otra razón por la que Puerto Busch tiene relevancia internacional es que estará vinculado al Corredor Ferroviario Bioceánico, que impulsa Bolivia, para mover carga entre los puertos brasileños, chilenos y peruanos.
Actualmente, se realiza el estudio de preinversión que definirá los fondos y se tiene previsto levantar las edificaciones complementarias junto al actual muelle, donde se operará sobre 1.000 metros de la ribera de la hidrovía.
«Para nosotros es importante que este año ya operemos con la carga de granos como la soya y en los próximos dos años ya tengamos las instalaciones y el puerto mismo para manejar todo tipo de carga (…) El estudio de preinversión está previsto concluir hasta fin de año y en los próximos dos años toda la etapa de la construcción y ejecución de la obra», detalló.
Las autoridades bolivianas buscan agilizar el funcionamiento del puerto soberano para atender las exportaciones del oriente del país, que es la más industrializada, como alternativa a los puertos chilenos y peruanos.
«Lastimosamente las condiciones por el puerto de Arica (Chile) no han sido tan favorables en los últimos años, hubo una situación de imposición tarifaria, condicionamientos, limitaciones a una carga tan importante como la boliviana. Por eso es que estamos, a partir de las alternativas portuarias, habilitando otros puertos», argumentó.
El funcionario boliviano proyecta el movimiento inicial de carga de 5 millones de toneladas por año y se prevé llegar a los 20 millones con la producción agroindustrial de Santa Cruz.
Potencial de la hidrovía
Para el gerente técnico y de operaciones de Cadex, Rafael Riva, que conversó con la Agencia Sputnik, el comercio exterior boliviano requiere distintos tipos de alternativas portuarias, dependiendo del potencial productivo de cada región del país.
«Puerto Busch es una alternativa que ya se usa, porque existe un muelle, que está administrada por Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), por donde exporta minerales, pero falta desarrollar para la exportación de otro tipo de cargas», explicó.
Actualmente, en la zona del canal Tamengo, afluente de la hidrovía Paraguay-Paraná, funcionan tres puertos privados: Aguirre, Gravetal y Jennefer, que se destinan a las exportaciones de la producción agrícola como la soya y sus derivados.
«Puerto Busch no reemplazará a los puertos del Canal Tamengo, sino que es complementario. La forma en que se vaya a implementar puede ser con inversión pública, al estar en zona fronteriza, pero también existe la posibilidad de una sociedad pública-privada», planteó.
De acuerdo con estimaciones de la Cadex, el potencial de los puertos sobre la hidrovía Paraguay-Paraná puede llegar a los 10 millones de toneladas.
Carga boliviana
De acuerdo con datos de la Cámara de Exportadores y Logística de Santa Cruz (Cadex), el 68 por ciento de la carga marítima boliviana sale al exterior por puertos chilenos, el 9 por ciento por puertos peruanos y el 23 por ciento por el océano Atlántico.
Los principales productos exportados por puertos privados sobre la hidrovía Paraguay-Paraná son torta de soya y soya, mientras que los productos importados son diésel y gasolina.
Bolivia fue privado de su acceso al océano Pacífico por Chile en la Guerra del Pacífico en 1879 y existen limitaciones para sus exportaciones, pese a que se acordó facilidades en los puertos del país vecino. (Sputnik)
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