El año pasado las ventas de oro llegaron a 2.626 millones de dólares, pero el país se quedó con 60 millones de dólares, es decir sólo con el 2,3%, refleja una investigación. Asimismo, establece que es necesario que el Estado tome control de la comercialización y además urge que el país deje de exportar sólo concentrados de minerales. Así lo revela el estudio “Políticas Mineras para Bolivia”, de Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con el apoyo de la Fundación Friedrich -Ebert- Stiftug en Bolivia.
Según Córdova, hasta 2018 el 60% del valor de los minerales explotados correspondió a la empresa privada, 30% a las cooperativas y 10% a la Comibol.
Pero, desde 2019 el 55% está en manos de las cooperativas, 40% de la empresa privada y 5% de la Comibol. “Esto se explica porque el 98% del oro que exporta Bolivia corresponde a las cooperativas y la cantidad de oro exportada ha crecido mucho el año 2019, pasando a ser, en valor, el metal más explotado en el país”, señaló el experto.
Córdova señaló que el año pasado se exportaron minerales por 5.000 millones de dólares y de ese total 2.620 millones de dólares fue por el oro. “De esto al Estado le entró menos de 70 millones de dólares; es una misería y un engaño para el país, ya que si se cobraran de forma adecuada impuestos y regalías a la actividad de oro y se eliminara la subvención del combustible a las cooperativas, el Estado debería recibir al menos 1.000 millones de dólares de ingresos”, dijo.
Por eso la importancia de que el Estado controle y centralice la comercialización del oro en una entidad estatal que pueda comprar el metal a los productores y que gobernaciones y municipios apoyen en la tarea.
Además se debe uniformizar el pago de regalías por la explotación de oro que hoy está en 7% sobre el valor bruto de ventas, pero las cooperativas apenas tributan el 2,5%. “Esto se debe uniformizar a todos y si alguna cooperativa o minero chico se ve afectado, el Estado puede apoyar. Pero si una cooperativa se asocia con una empresa, lo cual está prohibido, se debe generar una nueva personería jurídica”.
El estudio también plantea que los trabajadores que realizan labores para una cooperativa pasen a ser socios, porque de lo contrario deben ser reguladas como cualquier empresa.
Para Córdova, cuando el avance en la cadena de valor es mínimo, lo más conveniente para el Estado es que la minería la realice la empresa estatal.
Esto porque cuando las cooperativas son las operadoras, lo único que dejan al país es la regalía, mientras que si el operador es la empresa privada, ésta deja además de la regalía, el 37,5% de las utilidades como impuesto.
En tanto que, si el operador es la Comibol, entran al Estado las regalías, el 37,5% de impuesto a las utilidades y el 62,5% restante de éstas porque la empresa es del Estado. “Lo más importante, es que la Comibol no sufre descuentos en la comercialización de su producción porque no vende concentrados de mineral sino metales”, destacó.
En criterio del experto, el Estado debe maximizar los excedentes a partir de la explotación y dejar de vender concentrados y obtener metales.
En la actualidad, del 100% sólo el 2,3% de la producción de minerales se vende como metálico y el resto es concentrados .
“Planteamos que en el caso del zinc el Estado monte plantas hidrometalúrgicas que permitirían recuperar todos los valores del mineral, por lo menos de manera gradual y a pequeña escala. Por ejemplo, se puede construir una planta de 40.000 toneladas”, subrayó.
Córdova sostuvo que Bolivia procesa casi todos sus concentrados de estaño, menos de 20% de los de plata, 1% de los de plomo, 15% de los de cobre y nada de los de zinc y plomo. “Por este motivo, transfiere al extranjero más de mil millones de dólares al año cuando vende sus minerales como concentrados”, puntualizó.
